“Recordar a los miembros de las Cámaras la obligación que tienen de publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés, tal y como estos se definen en el artículo 6.2 del Código de Conducta”. El mensaje es claro. Y lo acaba de lanzar la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales en su último informe, el de 2025, publicado este jueves, en el que insiste en que diputados y senadores deben ser más transparentes a la hora de hacer públicas sus reuniones con lobbys.
La Oficina revela que sí existe transparencia a la hora de publicar las agendas más elementales, ya que todos los miembros de las Cámaras hacen públicas sus reuniones “de los órganos del Congreso de los Diputados y del Senado a las que son convocados: Pleno, Comisiones, Ponencias, Subcomisiones, Mesas y Junta de Portavoces)”. Y que se ha experimentado un incremento en el número de diputados que, además de las reuniones de los órganos parlamentarios, publican otro tipo de actividades y reuniones mantenidas. “Así, 75 diputados y diputadas han anotado estas reuniones, frente a los 46 que lo hicieron en 2024. En el Senado, 55 senadores y senadoras cumplimentaron esta obligación frente a los 64 del año 2024″, señala el informe. Es decir, ocho de cada diez diputados y senadores siguen incumpliendo la obligación de publicar en la web del Congreso y el Senado sus agendas detalladas.
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La Oficina califica de “minoría en ambas Cámaras” a los que publicitan sus agendas, “a pesar de las reiteradas recomendaciones que en este sentido se han hecho en todos los informes anteriores. Además, se observa que en muchos casos las anotaciones de reuniones distintas de las puramente orgánicas de la Cámara se realizan de forma ocasional y no regular y se refieren frecuentemente a asistencia a actos, pero rara vez se refieren a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés conforme al artículo 6 del Código de Conducta”.
Este artículo define como grupo de interés “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas". Como ya se señaló en los informes de 2022 y 2025, “se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras”, señalan desde la Oficina, que revela que en 2025 solo ha recibido tres consultas de sus señorías sobre cómo tramitar correctamente estas agendas públicas. Como recomendación, la Oficina solicita a las Cortes que se desarrollen acciones “para promover el conocimiento y cumplimiento de esta obligación y dar la mayor difusión posible a la información técnica precisa para este fin”.
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Declaración de intereses económicos
En este apartado, la mayoría de los parlamentarios sí cumplen. A 31 de diciembre de 2025, 349 diputados y diputadas habían presentado su declaración de intereses económicos y solo uno no lo había hecho. “En este sentido, se han hecho diversas gestiones sin que hasta el momento la presentación de esta declaración que falta se haya producido”, señala la Oficina. En cuanto al Senado, la totalidad de los miembros de la Cámara en esa fecha, 265, había presentado su declaración. Así, ha habido en 2025 en el Congreso de los Diputados 15 nuevas declaraciones de intereses y 2 modificaciones de las mismas como consecuencia de advertencias de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre su correcta cumplimentación, y 8 nuevas declaraciones en el Senado, así como 6 modificaciones, 5 de ellas también como consecuencia de advertencias de la Oficina.
Una amplísima mayoría de miembros de las Cámaras, 349 diputados y diputadas y 265 senadores y senadoras, ha rellenado correctamente el apartado I de la declaración, que versa sobre actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos. También se mantiene en términos generales el número de miembros de las Cámaras que, en vez de dejar en blanco el apartado II sobre donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos, o bien se refieren a regalos sin importancia en el ámbito familiar o social, o bien incluso consignan donaciones y regalos concretos. 311 lo han cumplimentado y solo 34 diputados y diputadas lo han dejado en blanco. 257 senadores y senadoras lo han cumplimentado y solo 9 no lo han hecho.
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La recomendación reiterada de la Oficina sobre la necesidad de que en la declaración de intereses económicos se cumplimenten todos los apartados no se sigue plenamente. “Resulta preciso insistir en la obligación de hacer constar en el apartado III las modificaciones de las contribuciones que se hagan durante el mandato del parlamentario o parlamentaria, económicas o mediante la prestación de servicios no remunerados, teniendo en cuenta que las modificaciones de las declaraciones que se han presentado no han versado en ningún caso sobre este extremo”. La Oficina recuerda a los parlamentarios “que han de tratar de no dejar en blanco ninguno de los cuatro apartados del formulario de la declaración de intereses económicos. En los casos en que no haya nada que declarar, es mejor y más claro escribir «ninguno», «nada» o incluso trazar una raya que cruce en diagonal el espacio reservado al apartado en cuestión, que dejar este espacio en blanco".
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